OPERACIÓN CÓNDOR
“La «Operación Cóndor» consistió en un conjunto de prácticas trasnacionales coordinadas y desarrolladas por organismos represivos que respondían a las dictaduras militares de los países del Cono Sur. Su apogeo fue entre 1975 y 1978.
Cada país integrante intervino a partir de organismos específicos: Argentina lo hizo a través del Servicio de Inteligencia de Estado (SIDE) y del Batallón de Inteligencia 601 perteneciente al Ejército; Chile a partir de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); Uruguay con el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); Paraguay, con el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción y el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército; Bolivia, con la Dirección de Orden Político de la Policía; y Brasil, que intervino más periféricamente, lo hizo con el Estado Mayor del Ejército. Paralelamente, pero como parte del mismo ciclo represivo regional, se produjeron acciones que excedían los marcos de la «Operación Cóndor», desarrollados por otros servicios de inteligencia (como el Servicio de Inteligencia Naval en la Argentina) o ciertas policías regionales, pero que también parecen haber actuado con cierta coordinación.
El principal justificativo de las propias dictaduras para desplegar dicha coordinación fue la aparición de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), una organización integrada por organizaciones guerrilleras de distintos países de la región. Sin embargo, respondía a un concepto inscripto en la Guerra Fría y que era hijo de la doctrina de la seguridad nacional, donde las fronteras que delimitaban al «enemigo» —cuyo alcance pasó a ser por demás incierto– eran ahora ideológicas y no más geográficas. Así, la «Operación Cóndor» se llevó a cabo debido a la «amenaza» que para dichas dictaduras representaban, por un lado, el surgimiento de gobiernos populares elegidos democráticamente durante las décadas de 1960 y 1970, como sucedía en los casos de Juan Domingo Perón en Argentina o Salvador Allende en Chile, y por otro, para llevar adelante una feroz persecución y represión contra lo que denominaban el «terrorismo y la subversión».
Además de los efectos del espionaje y la presión psicológica sobre los migrantes políticos de la región, el saldo más tangible de su puesta en práctica fue la desaparición o ejecución sumaria de ciudadanos en alguno de los países que formaban parte de la coordinación y fuera de sus países de origen. En Argentina, uno de los tantos centros clandestinos de detención conocido como «Automotores Orletti», ubicado en la capital del país, estuvo específicamente destinado a la represión transnacional; por allí pasaron ciudadanos argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos.
Si bien Estados Unidos parece no haber sido el autor intelectual de la «Operación Cóndor», sí cumplió un destacado lugar en su financiamiento y equipamiento, ya que sus objetivos abonaban su estrategia regional. El giro del gobierno de Fidel Castro hacia el bloque comunista había sido uno de los hitos que había puesto en alerta al Gobierno de Estados Unidos que, en el marco de la Guerra Fría, se propuso no volver a permitir que uno de los países de su continente se alinease con la Unión Soviética. Fue así que en América Latina los militares constituyeron para Estados Unidos la garantía contra la posibilidad de que la experiencia cubana pudiese recalar en otras tierras. La intención de intervenir para evitar la formación de cualquier gobierno antiimperialista y antinorteamericano fue un factor determinante en su apoyo a la «Operación Cóndor».
El acuerdo pretendía coordinar acciones en todos los territorios en cuestión, e incluso en aquellos países que se hallaban fuera, pero que recibían exiliados políticos procedentes de América Latina. Las pruebas fehacientes de esta operación se consiguieron recién en 1992, cuando se encontraron en Paraguay archivos de la dictadura de ese país, los cuales fueron conocidos como los «Archivos del Horror». Esta documentación fue hallada a raíz de la búsqueda impulsada por Martín Almada, una de las tantas víctimas de la represión ilegal en Paraguay. Ofrecía pruebas sobre el rol, conocimiento y apoyo de Estados Unidos respecto del accionar de la «Operación Cóndor».
Con posterioridad, ya en el siglo XXI, las gestiones de gobiernos latinoamericanos y organizaciones no gubernamentales consiguieron que Washington desclasificara y entregara a los países del Cono Sur documentos de la Secretaría de Estado, donde también se pudo comprobar el rol de Estados Unidos y la coordinación entre dicho gobierno y las dictaduras de aquel entonces.
Para llevar adelante su plan de contención contra movimientos comunistas y populares, una de las herramientas principales utilizadas por el Gobierno estadounidense (además del financiamiento directo) fue el adiestramiento de los militares procedentes de las distintas Fuerzas Armadas de los países intervinientes. Dicha tarea fue realizada —aunque no exclusivamente— en la Escuela de las Américas. Fundada en 1946 en los inicios de la Guerra Fría, fue ubicada en el canal de Panamá, bajo ocupación estadounidense. Tenía como objetivo el adiestramiento de efectivos militares y de las fuerzas de seguridad que, procedentes de América Latina, recibían entrenamiento en métodos de interrogación, tortura, asesinato y represión para la lucha contrainsurgente. En 1984, tras algunos intentos de reubicarla en otro país, fue trasladada a territorio norteamericano.
También la escuela militar francesa caló hondo en estas tierras. En el caso argentino, los militares que egresaban con las mejores notas de la Escuela Superior de Guerra recibían una capacitación en París, desde donde hacían prácticas en Argelia, en plena guerra de Independencia. Allí fue donde los militares galos les enseñaron cómo obtener, entre otras cosas, declaraciones e información a través de la tortura.”
