ALIANZA PARA EL PROGRESO
“[...] la Alianza Para el
Progreso fue el mecanismo del que se sirvió ese país [EEUU] para intervenir
política y económicamente, a fin de contrarrestar la inquietud social presente
en los países iberoamericanos de estabilizar los regímenes políticos de éstos
frente a la amenaza del comunismo internacional. [...]
Esta iniciativa, acometida con gran ahínco por el presidente Kennedy en
1961, inspirada en el Plan Marshall que se había puesto en práctica en Europa y
auspiciado por el estallido de la Revolución Cubana, fue un plan económico y
financiero con el que se esperaba, mediante un reparto más justo de la renta
nacional, la ejecución de reformas agrarias y fiscales, la mejora de la
situación educativa y sanitaria, y la construcción de viviendas, subsanar el
subdesarrollo de Iberoamérica, y de esta forma, eliminar también el malestar
social que se vivía en todo el subcontinente.[...] En definitiva: una suerte de
“revolución desde arriba” con el propósito de abortar “revoluciones desde
abajo”. Kennedy, al poner en marcha dicho plan alarmado ante la Revolución
Cubana, retomó las propuestas del presidente Eisenhower contenidas en el
programa de desarrollo conocido con el nombre de “Operación Panamérica”. En
dichas propuestas se hacía referencia de nuevo a una política de colaboración y
buena vecindad.
[...] En mayo de 1961, Kennedy firmó una ley de ayuda a Iberoamérica, en
la que se preveía la entrega de 600 millones en los países iberoamericanos. En
junio de ese mismo año suscribió un acuerdo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (el cual había sido fundado, tras muchos intentos, en mayo de
1959) con el fin que, en nombre de la Alianza se hiciera cargo de la
administración de la mayor parte del dinero (en su primer momento, de unos 394
millones de dólares). En agosto, durante la Conferencia Social y Económica
Interamericana celebrada en Punta del Este, todos los miembros de la OEA, a
excepción de Cuba, se adhirieron al programa instituido por Kennedy [...]
Se asignaron 100.000 millones de dólares para la ejecución, a los largo
de diez años, de un primer plan de reformas. [...]
La Alianza para el Progreso se perfilaba como el mayor programa de ayuda
al extranjero que hubiese existido nunca y, por este motivo, parecía infundado
el temor de los países iberoamericanos a que dicho programa no fuese más que la
continuación de la política hegemónica de los Estados Unidos por otros medios y
de que este país pudiera socavar, valiéndose del instrumento de la ayuda
económica, una parte de su soberanía y de su autonomía nacionales. Durante el
primer año de aplicación del mismo, el dinero afluyó, más o menos, como estaba
previsto. Los países iberoamericanos recibieron 8.000 millones de dólares
[...]. Pero después de la ayuda económica de los Estados Unidos decreció,
debido, entre otras cosas, a los gastos de la guerra del Vietnam. Entre 1961 y
1971 los Estados Unidos entregaron a
Iberoamérica tan solo 9400 millones de los 20.000 millones de dólares
previstos inicialmente.
A pesar de todo esto, esta suma de dinero hubiera podido resultar una
ayuda valiosa para lograr el deseado desarrollo, si los países iberoamericanos
hubiesen podido utilizarla con entera libertad. Ya en 1964, el flujo de dinero
llegado a dichos países -que, por lo demás seguían desempeñando el papel de
simples proveedores de materias primas- no bastó para equilibrar sus pérdidas
nacidas del deterioro de las condiciones de intercambio comercial. Los Estados
Unidos, por su parte, no hicieron nada de remediar esta situación. A pesar de
sus repetidas afirmaciones de que deseaban el progreso de Iberoamérica,
continuaron alzando barreras a la entrada de productos iberoamericanos en el
país, lo cual no sólo dificultaba el acceso de los mismos al mercado
norteamericano, sino que amenazaba también con fortalecer aún más la vieja
estructura comercial (materias primas frente a productos manufacturados).
[…] La mayor parte del dinero entregado tenía que ser utilizado
obligatoriamente en la compra de productos norteamericanos. El 80% de la ayuda
estadounidense sirvió para la financiación de tales compras. Este requisito no
fue abolido hasta 1969, a instancias del presidente Nixon. Dado que los precios
de los productos americanos podían ser, en ocasiones, superiores a un 50% a los
del mercado internacional, un dólar de la Alianza valía en realidad 50
céntimos. A esto se añadía el hecho de que los Estados Unidos vendían a
Iberoamérica aquellos artículos que, por haberse quedado obsoletos, apenas
tenían salida en el mercado norteamericano. Los países iberoamericanos, si
querían seguir recibiendo créditos del Exim Bank o del BID, se veían obligados,
la mayoría de las veces, a trasportar las mercancías compradas en los Estados
Unidos en barcos norteamericanos y asegurarlas en compañías de seguros de la
misma nacionalidad. De esta forma se ponía de manifiesto de nuevo el viejo
modelo de relaciones comerciales; Iberoamerica no era más que un mercado donde
los norteamericanos podían colocar sus productos. A la postre, la Alianza para
el Progreso, concebida y dirigida por los Estados Unidos, favoreció más el
desarrollo de éste país que el de los dos Estados Iberoamericanos y, al mismo
tiempo, representó una forma indirecta de intervención en los asuntos internos
de éstos en los campos social y económico.
[...]”
Lucena Salmoral, M (coord), Lynch, J, Martínez Díaz, N., Hamnett, B., König, H-J., Anderle, A., Carmagnani, M., “Historia de Iberoamérica. III. Historia Contempránea”, Cátedra, Madrid, 2008, págs. 453-459
